El 23 de abril de 2025, se presentó en el Senado una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como parte de la reforma constitucional de diciembre de 2024. El proyecto busca modernizar el sector impulsando el uso de tecnologías emergentes como la conectividad satelital directa, los espacios de prueba regulatoria (sandboxes) y el acceso flexible al espectro radioeléctrico. También se destaca por el reconocimiento de los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, con el objetivo de cerrar brechas históricas en el acceso a estos servicios.

Uno de los puntos más cuestionados es la propuesta de eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —órgano constitucional autónomo— y crear en su lugar una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bajo el control del Ejecutivo. Este cambio genera preocupación, toda vez que se podría concentrar el poder regulador en una sola autoridad, afectando la imparcialidad en decisiones técnicas como por ejemplo, licencias, concesiones o vigilancia de contenidos.

Desde el punto de vista constitucional, esto podría vulnerar el artículo 28, que garantiza la autonomía de los órganos reguladores, y el artículo 6º, que protege la libertad de expresión y el acceso a la información. La autonomía en este sector es clave para asegurar la competencia, la pluralidad de voces y la neutralidad en la toma de decisiones.

En resumen, la iniciativa representa un avance importante en conectividad e innovación, pero requiere ajustes institucionales para evitar riesgos a la independencia regulatoria. La modernización no debe implicar un cierto control político. Innovar sí, pero con órganos autónomos y reglas claras que protejan los derechos de todos. La reforma representa una oportunidad para mejorar el acceso y la innovación, pero requiere ajustes para evitar retrocesos. Modernizar no debe significar centralizar el poder.